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La Fiscalía General del Estado investiga penalmente a 86 residencias, cinco de ellas en Extremadura, como consecuencia de la situación creada por la pandemia del coronavirus. La investigación penal de estas residencias son llevadas en dos de los casos por la Fiscalía de Badajoz, otras 2 por la de Cáceres y la última por la de la Comunidad, según la nota difundida por la Fiscalía General.
Actualmente también constan abiertas 126 diligencias civiles en relación con el amparo de los derechos individuales y colectivos de las personas en situación de vulnerabilidad.
Casi la mitad de las residencias investigadas están en Madrid
El último recuento eleva la investigación penal a 40 residencias en Madrid, 1 residencia en Zaragoza; 1 en Arrecife-Puerto del Rosario; 7 en Castilla y León (1 por la Fiscalía Superior, 1 por la Fiscalía de Soria, 1 en Salamanca, 1 en León, y 3 en Valladolid); 20 en Cataluña (18 en Barcelona, 1 en Lleida y 1 en Tarragona); 5 en Extremadura; 5 en Galicia (1 por la Fiscalía de la Comunidad, 1 por la Fiscalía de Lugo, 2 por la de Orense y 1 por la de Pontevedra) y 1 en La Rioja.
También se están practicando diligencias civiles en 50 investigaciones sobre amparo de personas en situación de vulnerabilidad en Cataluña, 10 en Andalucía, 3 en Aragón, 2 en Canarias, 3 en Cantabria, 8 en Castilla-La Mancha, 15 en León, 9 en la Comunidad Valenciana, 7 en Extremadura, 11 en Galicia, 1 en La Rioja, 4 en Madrid, 1 en Murcia, 1 en Navarra y 1 en el País Vasco.
Según la nota de prensa difundida por la Fiscalía General, desde el inicio de la actual situación de emergencia el fiscal delegado para la protección y defensa de los derechos de las perdsonas mayores y la red de fiscales especialistas desplegados en las Fiscalías Provinciales han realizado un seguimiento permanente de la situación de las personas de la tercera edad y discapacitados, y particularmente, de quienes viven en centros y residencias de mayores.
Desde el inicio de la situación de emergencia el fiscal delegado para la protección y defensa de los derechos de las personas mayores y la red de fiscales especialistas desplegados en las Fiscalías Provinciales han realizado un seguimiento permanente de la situación de las personas de la tercera edad y discapacitados, y particularmente, de quienes viven en centros y residencias de mayores.
