Veintiséis alumnos del colegio Juan XXIII tienen plaza «garantizada» en otros centros de la ciudad

  • 10/03/2022
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Televisión Extremeña

De los 28 alumnos que tendría el próximo curso en el colegio público Juan XXIII de Mérida, 26 alumnos cuentan ya con una plaza «garantizada» en otros centros educativos de la ciudad, tras un proceso de elección «preferente».

De ellos, el 80% ha optado por otros centros públicos y el 20% de la concertada, según ha indicado la consejera de Eduación, Esther Gutiérrez, en una comparecencia ante el pleno de la Asamblea, a petición de los grupos parlamentarios de Unidas por Extremadura y Ciudadanos, y en la que se ha reafirmado en la decisión «irrevocable» de cerrar este colegio, una decisión «difícil» pero que responde al interés por garantizar la igualdad de oportunidades de los alumnos.

«Las familias y alumnos de este centro no están disfrutando de la igualdad de oportunidades que merecen», ha señalado en su intervención en la que ha reprobado la actitud de los grupos de oposición, que considera que «no alcanzan a analizar la gravedad del problema» de un centro que actualmente no llega a 40 alumnos, el 13% de su capacidad.

Actualmente cuenta con un equipo docente, cuya labor ha reconocido, formado por siete profesores, uno de los cuáles se jubila el próximo curso, por los que los seis restantes también serán reubicados en centros de la capital extremeña si así lo desean.

Gutiérrez ha aprovechado su comparecencia para dirigirse a las familias de los alumnos del colegio de la barriada de San Juan para decirles que sus hijos «van a estar mucho mejor», pues disfrutarán de un entorno de «mayor integración», objetivo al que se ha comprometido a hacer un seguimiento, así como al acceso a una educación «más completa» y con «más estímulos» para crecer como personas, que es, ha dicho, el objetivo del sistema educativo.

La consejera ha rechazado los argumentos del diputado de Unidas por Extremadura con respecto a la decisión, al afirmar que la «única motivación» en la toma de esta decisión ha sido la educativa, pues «nunca ha sido problema presupuestario o preferencia de modelo educativo».

«La educación pública, universal y gratuita es la columna de nuestro sistema educativo», ha defendido la consejera, quien recrimina a Unidas por Extremadura el debate sobre la «incompatibilidad falsa» entre la enseñanza pública y la concertada.

Gutiérrez ha acusado al diputado Joaquín Macías de buscar un «rédito político» con este debate. «Está haciendo una causa ideológica en su beneficio político a costa de alumnos en una situación desfavorecida», ha espetado, antes de señalar que no entiende su «defensa férrea de la pública» y su «obsesión» por acabar con la concertada.

Por su parte, Macías ha respondido que el Juan XXIII no ha sido el primer colegio público que cierra la consejería ni será el último, debido al descenso progresivo de la natalidad, por lo que considera necesario poner en marcha una planificación para evitar que se produzca una competencia «por esos niños, por esa clientela», entre la educación pública y la concertada.

Y es que, ha criticado, la oferta de plazas públicas en Mérida es más que suficiente para la demanda que hay pero, sin embargo, el colegio que cierra es público a pesar de estar «rodeado de concertados que no tienen problemas de matriculación», algo que considera «incomprensible» para una administración del PSOE y en una ciudad con un alcalde socialista.

Asimismo, ha criticado que la consejería haya adoptado esta decisión «sin hablar con docentes, ni padres y sin tener en cuenta los intereses de la barriada», por lo que le ha pedido que se comprometa a estudiar las propuestas planteadas para que el centro siga abierto. Entre ellas, la dotación de una unidad de la etapa de cero a tres años, o un aula adscrita al centro de educación de adultos Legión V.

En caso de que la consejería no se replantee la continuidad del colegio, ha advertido que hasta final de curso «van a tener mucho dolor de cabeza», no solo por las protestas, ha señalado, sino también por las «propuestas» que irán planteado al respecto.

CIUDADANOS TILDA DE ERROR EL CIERRE

El diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos Fernando Rodríguez, por su parte, ha reconocido el problema del descenso de la natalidad, que provoca un exceso de oferta de plazas, no solo en Mérida, sino en el conjunto de la región, pero considera que si bien el cierre de este centro sin apenas alumnos es «rápida», no comparte que sea la mejor solución, porque «no solventa el problema de la barriada».

«Prescindir de un colegio es un error», ha dicho, al tiempo que ha apostado por «dar una vuelta a la oferta educativa», buscando fórmulas para «revitalizar el centro», para evitar que estos alumnos reubicados pierdan a sus amigos y «esa parte de vivir el barrio».

Sin embargo, no comparte con Unidas por Extremadura esa «idea peregrina de cerrar centros concertados» como solución, puesto que considera que cuanta más oferta educativa haya, más calidad en la enseñanza.

DECISIÓN UNILATERAL

A su vez, la diputada del Grupo Popular Pilar Pérez ha criticado la política de «hechos consumados» de los socialistas, al decidir de «manera unilateral» el cierre del centro, a pesar de ser los mismos que «se ponían las camisetas verdes» en las protestas en defensa de lo público.

Una decisión que choca con el derecho a la elección de los padres, dado que ahora los alumnos tendrán que ir a otro que no era su primera opción, y donde «no saben si tendrán las mismas ayudas y servicios complementarios».

Asimismo, esta decisión «tira por tierra el trabajo ímprobo» de la dirección del centro, y supone un «fracaso» de la consejería, que es «reflejo de las políticas de titulares de prensa».

Por otro lado, ha señalado que la decisión del cierre del colegio y la de trasladar a estas dependencias el centro de educación de adultos Legión V deja en «una posición incómoda» al PSOE de Mérida.

Pérez se ha referido a la respuesta de los profesores del centro en una carta en la que recuerdan las inversiones realizadas en el mismo recientemente, o el desplazamiento a una zona que apenas cuenta con transporte público, lo cual hace «más que previsible la desmotivación» de los alumnos y el consecuente descenso en las matriculaciones.

EL PSOE DICE QUE ES UNA DECISIÓN DIFÍCIL

Finalmente, la diputada socialista Piedad Álvarez Cortés ha defendido que cualquier gobierno «progresista y decente» no quiere tomar decisiones sobre cerrar un colegio público, que son «muy duras», al tiempo que ha refrendado la actuación «por responsabilidad y pensando por el bien común y un futuro que redunde en el alumnado» argumentado por la consejera.

Además, lamenta que Unidas por Extremadura recupere lo que considera un «debate superado» en la región sobre la educación pública y la concertada, que mantienen «una convivencia feliz» en la que «no hay ningún problema».

Y es que, según ha dicho, las familias «pueden elegir los centros donde escolarizar a sus hijos», por lo que tienen el mismo derecho a hacerlo en uno concertado, donde además, también hay que tener en cuenta que sus docentes son trabajadores, en muchos casos agrupados en cooperativas en las que «arriesgaron» su dinero para tener un puesto de trabajo.

Por último, ha replicado a los grupos de la oposición que la barriada de San Juan no es «ni deprimida ni marginal», sino que adolece de un problema de envejecimiento de su población, que redunda en la falta de población en edad escolar.

 

 

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