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El grupo municipal Unidas por Mérida ha afirmado que el Ayuntamiento no dispone de la totalidad de los terrenos para llevar a cabo la rehabilitación del Convento de las Concepcionistas, un extremo que ha sido negado por el equipo de Gobierno alegando que existe un proceso de expropiación forzosa que se resolverá «en breve».
En una nota, la coalición ha manifestado que el proyecto de obra y ejecución de la rehabilitación contempla la demolición del inmueble en el que actualmente se encuentra una peluquería en explotación, cuyo derecho para permanecer en la misma ha sido recientemente avalado por sentencia judicial.
Ha señalado que si bien el Ayuntamiento inició la expropiación de los derechos de arrendamiento del empresario sobre el local en el que desarrolla su actividad, este proceso «está lejos de concluir en vía administrativa», y ello sin perjuicio del derecho del empresario de recurrir a la vía judicial.
La formación ha argumentado que, según la normativa, la acreditación de las condiciones de disponibilidad de los terrenos sobre los que se vaya a realizar la obra se debe efectuar con anterioridad a la aprobación del expediente, «antes incluso de que comience su licitación». Por ello, ha acusado al Ayuntamiento de haber omitido, «sin ningún pudor», esta exigencia legal.
A su juicio, «la soberbia y las prisas» que ha mostrado el equipo de gobierno ha llevado a la Administración a iniciar una serie de actuaciones «manifiestamente ilegales» que comprometen la viabilidad inmediata de la obra y la legalidad del procedimiento.
En su opinión, presumiblemente ha podido dar lugar a la comisión de un delito de prevaricación administrativa por parte de las autoridades municipales responsables de la gestión del procedimiento y su aprobación.
Por su parte, la portavoz municipal, Carmen Yáñez, ha asegurado que toda la propiedad del Convento de las Concepcionistas es del Ayuntamiento, por lo que ha acusado a Unidas por Mérida de faltar a la verdad.
En lo que respecta al local, ha precisado que se encuentra en proceso de expropiación forzosa de derechos arrendaticios, que se resolverá «en breves fechas», ya que «la propiedad ha pasado a manos del Ayuntamiento una vez formalizada la compra a las monjas».
Yáñez ha acusado además a Unidas por Mérida de «intentar paralizar cualquier proyecto de la ciudad» y de defender los intereses de una persona «que quiere aprovecharse de la administración».
