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El grupo municipal Unidas por Mérida ha anunciado que ha registrado un escrito de impugnación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del ayuntamiento por el que se ha adjudicado la realización de la obra para la rehabilitación del Convento de las Hermanas Concepcionistas.
Según la coalición, las distintas actuaciones llevada a cabo por el Ayuntamiento y de Mérida y el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida suponen una «acumulación sucesiva de incumplimientos» de la normativa vigente que «tienen como propósito eludir en la medida de lo posible las obligaciones que le impone la normativa en materia de estudio, investigación y conservación de nuestro patrimonio arqueológico».
Así, entiende que la «negativa» del ayuntamiento y del Consorcio de la Ciudad Monumental a «revisar y corregir los incumplimientos y carencias» del proyecto licitado suponen «un agresión al sentido común y al interés general» de la ciudad, ya que «en lugar de aprovechar la única oportunidad posible para excavar una zona tan sensible desde el punto arqueológico, pretenden pasar de puntillas ante la posibilidad de sacar a la luz nuevos restos, que en cualquier otra localidad se convertirían en una prioridad para cualquier cargo público».
En este sentido, en nota de prensa Unidas por Mérida apunta que el hecho de que el promotor sea una administración pública y que la obra esté ubicada en «plena» zona de protección especial, «es una buena muestra de la falta de escrúpulos que están demostrando el alcalde de la ciudad y los responsables del Consorcio, cuya actitud además de repugnante e irresponsable podría llegar a considerarse delictiva, si finalmente la obra se ejecuta en los términos contemplados en el proyecto».
Entre otras muchas consideraciones, según apunta, el proyecto aprobado por el ayuntamiento «no contempla la obligación de realizar intervenciones más allá de las propias de las comprobaciones que pudieran hacerse en cualquier otro punto de la ciudad, sin que se haya impuesto, ni al redactor del proyecto, ni a la empresa que tenga que ejecutarlo, la obligación de ejecutar excavaciones arqueológicas, en el sentido estricto».
EL EQUIPO DE GOBIERNO DESESTIMARÁ EL RECURSO
Ante la nota de prensa enviada por Unidas por Mérida sobre una impugnación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que se ha adjudicado la realización de la obra para la rehabilitación del Convento de las Hermanas Concepcionistas el equipo de Gobierno califica esta acción como “bomba de humo”.
Así lo afirma la Portavoz, Carmen Yañez, quien asegura que el recurso presentado por el partido político “no tiene base jurídica, puesto que el proyecto tiene todos los informes preceptivos favorables”, afirma.
Según explica Yañez, “se cumple de forma tajante con la normativa y el Plan General de Ordenación Urbana, como así se lo volvió a recordar el Consorcio de la Ciudad Monumental la semana pasada”, incide, “pero no quieren atender ni recibir explicaciones, puesto que su único objetivo es que no llevemos a cabo los grandes proyectos de transformación de ciudad”.
Ya explicó el Consorcio, a respuesta sobre este tema una vez más, que una vez finalizados los trabajos autorizados de demolición y con carácter previo al inicio de las obras, se realizará EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA en las zonas de remoción del subsuelo que plantea el proyecto arquitectónico. “Se deja claro además que, al término de la excavación, se emitirá informe vinculante sobre la necesidad o no de protección e integración de los restos arqueológicos y en su caso, de necesidad o no de modificar el proyecto”, así lo expuso el Consorcio, lo hizo público a los medios de comunicación “pero Unidas Por Mérida pretende de nuevo que sus acusaciones se conviertan en verdad, cuando tienen los informes a su disposición”, explica Yañez.
Yañez recuerda que, como asevera la entidad conservadora, a todos los procesos de protección explicados se suma unos condicionantes de tipo arquitectónico que implican la conservación de las edificaciones más relevantes.
Ya explicó en un comunicado público el Consorcio de la Ciudad Monumental que “no ha existido ninguna irregularidad en la aprobación del proyecto de rehabilitación del Convento de las Concepcionistas, puesto que el proyecto contempla, dos fases: una primera de demolición y una segunda de rehabilitación, en la que sí se contempla excavación arqueológica”.
Con estas premisas Yañez recuerda a Unidas Por Mérida “que es fundamental conocer todos los procesos técnicos y de protección que se llevan a cabo y la legalidad vigente para poder realizar acusaciones como las que realizan”.
“Unidas por Mérida pretende paralizar la ciudad”, expone Yañez, quien recuerda, como explicó la entidad conservadora que “la protección del patrimonio en obras con pequeños movimientos de tierra quedan perfectamente controlados con el seguimiento arqueológico, y la excavación se realiza exclusivamente en aquellas obras o partes de la obra en las que se contempla una ampliación de la edificación o una obra nueva. Del mismo modo, el Consorcio no exige a ningún ciudadano la aportación de un estudio previo arqueológico, porque el mismo lo realiza de oficio la propia entidad”, puntualiza.
La resolución dictada por el Consorcio con motivo del proyecto de las Concepcionistas se ajusta al criterio general establecido en el artículo 9.17.a del PGOU – Plan Especial de Mérida, que establece que en obras de reforma y obras de demolición parcial o total, en el área del inmueble o solar en el que se prevean movimientos de tierra, tras la demolición y desescombro de la edificación existentes, quedará sujeta a excavación arqueológica. “Precisamente a este artículo hacen referencia Unidas Por Mérida para afirmar supuestas irregularidades cuando es el artículo que cumplimos a rajatabla, una contradicción más de la formación política”, apunta Yañez.
Por tanto, el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida ha dictaminado la excavación arqueológica que corresponde de acuerdo con el PGOU – Plan Especial de Mérida. “Nuestro objetivo no sólo es la adquisición de patrimonio, sino su puesta en valor y la transformación que estamos llevando a cabo en Mérida con un proyecto claro de ciudad”, remarca la Portavoz. Yañez anuncia que en la próxima Junta de Gobierno, órgano de contratación, “se desestimará este recurso por carecer de base jurídica y porque el ayuntamiento cumple la normativa autonómica, del PGOU y la Ley de Contrataciones”.
