La Fiscalía pide 7 y 17 años para el matrimonio de Mérida vinculado al Daesh

  • 04/03/2020
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La Fiscalía ha mantenido este miércoles su petición de 17 y 7 años de cárcel para un matrimonio afín al Estado Islámico acusado de financiar a terroristas del Dáesh para la comisión de atentados y de enviar drones a Siria, hechos que la pareja negó el primer día de juicio en la Audiencia Nacional.

Ataul H. y Ana María G. se instalaron en Mérida, desde donde pusieron en marcha una nueva sociedad con ella como administradora única, pero en la que el marido era el verdadero conocedor del negocio.

En su informe final, poco antes de que el juicio quedara visto para sentencia, el fiscal José Perals ha considerado acreditada la participación del matrimonio en un entramado dirigido a financiar al Dáesh, y solo ha modificado la multa que reclama al marido, Ataul H., por suministrar tecnología al Dáesh, y que ha rebajado de 10.000 a 3.000 euros.

Según el fiscal, el acusado se radicalizó en 2013 junto a su hermano, ambos empresarios del sector de la tecnología, en Cardiff (Gales), donde atrajo a su esposa, Ana María G., al ideario yihadista.

El hermano abandonó Gales en julio de 2014 para establecerse por poco tiempo en Turquía antes de dar el salto, en octubre, a Siria para alistarse en el Estado Islámico. Fue abatido en diciembre de 2015 en un ataque de drones estadounidenses en Raqqa.

Los acusados se marcharon en julio de 2014 a Bangladesh y crearon una sociedad dentro del grupo familiar Ibacs Corporation Ltd que utilizaron supuestamente para enviar dinero a terroristas a EE.UU y Bangladesh y material tecnológico a Siria.

Según el fiscal, el matrimonio participó de forma activa en la entrega al Estado Islámico de material tecnológico como cables, baterías, antenas escáner, detectores de frecuencia y productos de radio control para que fueran empleados en ataques con drones desde que el hermano se asentara en Siria.

Las pesquisas determinaron hasta un total de 295 búsquedas relacionadas con tecnología de drones “avión explosivo”, “bombardeo”, “espía” y “entrenamiento” con fines militares, así como conversaciones e imágenes sobre temática yihadista.

Entre marzo y junio de 2015, Ataul H. hizo varias transferencias por valor de 7.800 dólares en internet a personas con residencia en Estados Unidos para que planearan ataques terroristas.

Uno de los receptores fue detenido por agentes del FBI en diciembre del mismo año, y se declaró culpable de colaboración en actividades relacionadas con la financiación del terrorismo.

El acusado, consejero delegado de las empresas, envió 47.000 dólares desde España a Bangladesh y previo paso por China a través de un sistema de confianza “hundi”, fuera de los controles del mercado bancario regulado que no deja rastro.

Tanto los portadores del dinero como el destinatario fueron arrestados por los servicios de inteligencia del país asiático, entre ellos el padre y uno de los hermanos del acusado.

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