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El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, considera que la sentencia del Tribunal Constitucional que declara nulo el impuesto de plusvalía municipal es un «palo» para las haciendas locales, motivo por el que considera que deben recibir una compensación.
El regidor emeritense, que es miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha avanzado que este jueves la organización mantendrá una reunión en Madrid para analizar la sentencia y reclamar al Gobierno una «fórmula» para poder enmendar esta pérdida de ingresos.
EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA PERDERÁ 1,7 MILLONES DE EUROS
Según Osuna, con esta sentencia el Ayuntamiento de Mérida perderá 1,7 millones de euros al año, que es la media de lo recaudado en los tres últimos ejercicios por este concepto, siendo el segundo impuesto, tras el IBI, por el que más recauda.
«Es un duro golpe para todos los ayuntamientos del país», ha señalado Osuna, quien ha señalado que tiene la «esperanza» de que haya «fórmulas que restablezcan» esta pérdida de ingresos.
Así, de cara a la reunión de este jueves, ha señalado que espera lograr una «posición común» de todos los partidos políticos representados en la FEMP con el objetivo de reclamar al Gobierno un «mecanismo» que permita compensar este golpe a las haciendas municipales, que se estima en 2.500 millones de euros en su conjunto.
En esta línea, ha recordado que este impuesto llegaba desde su aprobación en 2014 para la prestación de servicios, muchos de ellos impropios para la administración local.
«Somos la administración con más servicios impropios y que menos transferencias recibe del Estado», ha lamentado, por lo que ha planteado la necesidad de poner en marcha un sistema fiscal que establezca «quién hace y quién paga» los servicios que se prestan, para evitar que los ayuntamientos sigan pendientes de «la administración de turno».
«No se nos puede oprimir más», ha insistido el regidor emeritense, del PSOE, quien espera que entre todas las fuerzas políticas se puedan poner de acuerdo para reclamar una compensación a esta pérdida de ingresos, al tiempo que desea que ninguno ponga por delante sus intereses electorales a los de sus ciudadanos.
