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Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han desmantelado una red criminal que habría organizado un fraude de IVA por valor de 17 millones de euros con la compra y venta de vehículos de lujo, en una operación dirigida por la Fiscalía Europea y en laque se han practicado registros en varias provincias, entre ellas Badajoz y Cáceres.
En concreto, han sido detenidas 49 personas que presuntamente habrían constituido una estructura criminal en España para la compraventa de vehículos de alta gama entre empresas de Alemania y Portugal mediante complejos sistemas para evadir el pago del IVA, y cuyo fraude se cifra en 17 millones de euros, según ha informado en nota de prensa el Ministerio de Interior.
En concreto, se han llevado a cabo 14 registros en las provincias de Madrid, Badajoz, León, Navarra, Vizcaya, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo, Cantabria y Granada, donde han sido incautados cuatro automóviles de alta gama, documentación relacionada con la investigación y se han bloqueado 84 vehículos y 55 cuentas bancarias con un saldo de más de 500.000 euros.
La organización criminal aplicaba de manera fraudulenta el Régimen Especial de Bienes Usados (REBU) a través de compañías portuguesas «para crear opacidad en la cadena comercial» y usaba empresas ficticias para cometer un fraude intracomunitario en materia de IVA aprovechando que las transacciones transfronterizas entre Estados miembros están exentas de dicha tasa, han explicado fuentes de la Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO).
El destino de los vehículos una vez llegados a España era, por un lado, su venta a concesionarios de compraventa conniventes en todo el territorio nacional y, por otro, dotar a otras organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas de deportivos de lujo, bien para disponer de los mismos a través de un sistema tipo “renting” en el que los vehículos figura a nombre de una sociedad con un testaferro al frente, bien para ser utilizados para el transporte de sustancias estupefacientes, han explicado fuentes ministeriales.
La investigación, en la que también ha participado la Agencia Tributaria, ha permitido rastrear movimientos de más de 600 millones de euros que se canalizaban en empresas en Portugal y Alemania.
