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Unidas por Mérida califica de «ocurrencia» la intención del gobierno municipal de convertir el edificio del Mercado de Calatrava en un museo. Según esta formación, la decisión pone de manifiesto la falta de criterio y las incoherencias del gobierno municipal a la hora de poner en valor el recinto del antiguo mercado de abastos en una ciudad que disfruta de la presencia del Museo Nacional de Arte Romano, y cuenta con otros espacios interpretativos en franca inoperancia.
En ese sentido, la formación lamenta, a través de nota de prensa, los «continuos vaivenes» que han caracterizado las decisiones adoptadas por el gobierno municipal sobre este espacio, ya que ha pasado de intentar rehabilitarlo, «en dos intentos sucesivos, como mercado gourmet y espacio comercial y hostelero», para posteriormente mostrar su disposición para «destinarlo a un mero espacio multiusos, sin finalidad concreta».
Apunta que «incluso ha llegado a plantearse la posibilidad de construir una pista deportiva, para finalmente destinar su uso a la creación de un espacio museístico», señala Unidas por Mérida.
Para esta formación, el uso de este espacio en el centro de la ciudad debe responder a «las necesidades de los vecinos de la ciudad», así como a la creación de empleo, el fomento del pequeño comercio, la creación de servicios de cercanía y la pluralidad de la oferta comercial ubicada en el centro de la ciudad, señala.
Explica Unidas por Mérida que hasta la fecha, los proyectos de rehabilitación del Mercado de Calatrava como mercado de abastos «han fracasado debido a la incompetencia de un gobierno obstinado en apoyar un proyecto económicamente inviable», al tiempo en el que «se diseñaba un procedimiento de adjudicación que no garantizaba la correcta ejecución del proyecto, tal y como han demostrado los hechos».
Por todo ello, Unidas por Mérida insiste en la necesidad de «retomar el proyecto de rehabilitación de este edificio protegido como mercado de abastos», con las «garantías necesarias que avalen la viabilidad económica del proyecto y la solvencia económica de las empresas a las que se encomiende la ejecución de la obra», unas circunstancias que, según concluye, «han sido obviadas hasta la fecha por el gobierno de Osuna».
