Televisión Extremeña
En la mañana de este miércoles, la Guardia Civil y funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han realizado inspecciones a una decena de clubes de fútbol, entre ellos el Mérida AD y la UD Extremadura. Con la inspección se busca información documental que pudiera revelar posibles delitos de fraude a la Seguridad Social y otros delitos vinculados con dinero B o no declarado por estos clubes, y que afectaría a los contratos de los jugadores.
Para ello, se ha solicitado a los equipos la información laboral y fiscal de las últimas cuatro temporadas y han dado de plazo hasta el 29 de noviembre para entregarla.
Además, los inspectores se han reunido con varios jugadores a los que le han preguntado cómo se les paga, si es por transferencia bancaria o de otra manera.
Desde la oficina de prensa del Mérida han confirmado esta información, señalado que están comprobando la situación contractual de los jugadores.«Pedimos calma desde la entidad. En las próximas horas daremos más información al respecto», ha asegurado el club de fútbol.
Desde el Extremadura han explicado que los dos inspectores, acompañados por efectivos del instituto armado, se han personado en la Ciudad Deportiva de Almendralejo, donde han solicitado a la directiva documentación relacionada con los pagos a la Seguridad Social en los últimos años.
Cabe destacar que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Guardia Civil han realizado inspecciones en distintos clubes de fútbol de diferentes puntos de España que han militado en la Segunda División B en los últimos años –algunos de ellos extremeños– ante posibles delitos de fraude a la Seguridad Social.
La actuación se inició a raíz de una carta dirigida a la Federación Española de Fútbol y remitida por once clubes de segunda división B en el año 2020, en el que se denunciaba el agravio comparativo que suponía esta situación para estos equipos que pagaban de forma legal a sus jugadores y cotizaban debidamente a la Seguridad Social.
Las actuaciones han sido coordinadas por el Departamento de Análisis Criminal de la Policía Judicial de la Guardia Civil junto con la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, con la participación de las Unidades Orgánica de Policía Judicial de Algeciras, Cádiz, Alicante, La Rioja, Salamanca, Badajoz, Murcia y Baleares.
