Televisión Extremeña
El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, asegura que el adelanto electoral «impuesto» por la dirección nacional del PP en Extremadura es una «pésima noticia» para la comunidad en el plano económico, institucional y político.
Osuna ha declarado que la nueva cita electoral supone un coste directo para los extremeños de alrededor de tres millones de euros, a lo que se suma una «paralización administrativa» que se prolongará «como mínimo» durante seis meses, con la «consiguiente suspensión de licitaciones, convocatorias y proyectos en curso».
El regidor emeritense dice que este escenario «afectará de forma directa» a la actividad económica y productiva de las empresas extremeñas, especialmente a aquellas vinculadas a la obra pública y la gestión de programas financiados con fondos europeos. Además, asevera que el anuncio de la presidenta de la Junta, María Guardiola, «genera incertidumbre e inseguridad jurídica sobre proyectos de inversión y desarrollo que se encontraban en tramitación, comprometiendo su continuidad y ralentizando la ejecución de políticas estratégicas para el crecimiento de la región».
Desde una perspectiva institucional, ha explicado el alcalde de Mérida, se trata de una decisión «basada en criterios de táctica política, que antepone los intereses partidistas a la estabilidad y al progreso de Extremadura».
Osuna asegura que Guardiola pretende «convertir a la región en un campo de pruebas electoral que supone un retroceso en términos de confianza institucional y credibilidad política», y es «evidente» que la presidenta «ha vuelto a mentir» a los extremeños con «excusas de bloqueo inexistentes», ya que «sabía que no iba a prosperar ninguna enmienda a la totalidad, y que habría que negociar partida a partida presupuestaria dichos presupuestos».
«Si Extremadura como dice Guardiola se encuentra en su mejor momento, y éste ha sido con unos presupuestos prorrogados de 2024, por qué no ha seguido ese camino con otros presupuestos prorrogados», se ha preguntado Osuna.
A juicio del alcalde de Mérida, la presidenta de la Junta de Extremadura ha mostrado en los últimos meses «su nulo talante de diálogo y consenso» fruto de su «ego y soberbia».
